Desde el descubrimiento de la agricultura y la conformación de las sociedades sedentarias en la antigüedad, el trabajo ha estado vinculado al reconocimiento del territorio y a formas organizadas de manejo de los recursos. Luego de la conquista inca y la posterior colonización española, el territorio y la economía estuvieron orientados al concepto de propiedad, desde una perspectiva jerárquica de dominación y exclusión.

Las élites coloniales establecieron esquemas de diferenciación con respecto a la migración campesina hacia las urbes, y a la población mestiza que aumentaba su representatividad desde los gremios laborales. Este último grupo generó redes de intercambio social y económico con cierto nivel de movilidad social. Las diferencias étnicas y raciales entraron en conflicto con una élite criolla que no asimilaba el proceso de mestizaje. Las luchas de estatus y poder se promulgaron en diversos contextos geográficos.

La República trajo pocos cambios en las formas feudales de trabajo, pero con la Revolución Liberal aparecieron las primeras asociaciones obreras y se dictaron leyes que eliminaron paulatinamente las formas coloniales de explotación laboral. En 1925, con la Revolución Juliana, se evidenció una evolución en los derechos laborales, que culminó con la aprobación del Código del Trabajo en 1938.

Antes de la Primera Reforma Agraria de 1964 en el Ecuador, la tenencia de la tierra aún mantenía formas de producción de herencia colonial. La concentración de los recursos territoriales en pocas manos o latifundio, provocó una extrema desigualdad en la distribución de los ingresos. En 1973 se emitió una nueva Reforma Agraria, con la que el proceso de descentralización de la tierra y el fortalecimiento de sectores afectados avanzaron notablemente.